Fundación de Estudios Superiores Multidisciplinarios en Regulación y Ciencias
P.I.U. Publio Virgilio Marone
Prensa FESMRC
Por Camila Lisette Maza
El 6 de diciembre de 2024 se logró un acuerdo político entre la UE y los cuatro países
fundadores del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). Este acuerdo
birregional genera expectativas económicas, políticas y culturales, y además la oportunidad
de acceso a un mercado de aproximadamente 500 millones de consumidores, caracterizado
por un elevado producto interno bruto (PIB) per cápita superior a los 33.000 dólares
(aproximadamente el 30% del PBI mundial) y un grado de desarrollo tecnológico y
normativo de estándares altos.
Desde la perspectiva argentina, las expectativas generadas se concentran en la posibilidad
de diversificar y ampliar la canasta exportadora, acceder a nuevos mercados de consumo y
atraer inversión extranjera directa (IED). Desde la entrada en vigencia, el acuerdo permitirá
que un 74% de las exportaciones del MERCOSUR ingrese libre de aranceles, porcentaje
que ascenderá al 92% en un plazo de diez años una vez que entre en vigencia. Tal apertura
se presenta especialmente relevante para complejos productivos como el agroindustrial, el
automotriz y los servicios basados en el conocimiento, aunque no exenta de
restricciones. Sin embargo, no ha sido firmado ni ha entrado en vigor, ya que requiere
completar los trámites de ratificación interna en la UE (Parlamento Europeo y estados
miembros) y en los Estados del MERCOSUR.
El 3 de septiembre de 2025, la Comisión Europea presentó una propuesta para firmar un
acuerdo comercial interino (ITA) que facilite la aplicación rápida de la parte comercial del
acuerdo, antes de su ratificación definitiva. Esta medida permitiría un inicio parcial de
aplicación bilateral entre la UE y los países del MERCOSUR que completen primero sus
procesos de ratificación.
No obstante, resulta fundamental advertir que persisten cuotas y limitaciones para
productos agrícolas sensibles en Europa, tales como carne bovina, miel, arroz y lácteos.
Pese a ello, el acceso preferencial augura una mayor competitividad relativa del
MERCOSUR frente a otros oferentes globales. En este sentido, el acuerdo no solo se
proyecta como un catalizador del comercio bilateral, sino también como un mecanismo para
la modernización productiva, en tanto impone el cumplimiento de estándares técnicos,
sanitarios, medioambientales y laborales de carácter más estricto.
Ahora bien, la industria manufacturera del MERCOSUR podría enfrentar un riesgo
significativo de pérdida de competitividad frente a bienes europeos de mayor complejidad
tecnológica y productividad. Del mismo modo, el sector automotriz argentino podría ver
erosionada su posición en el mercado brasileño debido al ingreso de competidores
europeos. Tales desafíos interpelan directamente la capacidad de los Estados miembros
para diseñar políticas industriales activas, programas de reconversión productiva y
mecanismos de protección transitoria que mitiguen los efectos adversos de la liberalización
comercial.
En materia de propiedad intelectual, el acuerdo incorpora la protección de indicaciones
geográficas, clave para el sector agroalimentario, sin modificar sustancialmente los
regímenes de patentes, datos de prueba o semillas. Este diseño refleja la prioridad del
MERCOSUR en acceso a medicamentos y soberanía alimentaria, frente a la estrategia
europea de resguardar sus denominaciones de origen.
Desde la óptica de la UE, el acuerdo posee una marcada dimensión geopolítica: le permite
reforzar su posicionamiento frente al proteccionismo de Estados Unidos y contrarrestar la
creciente gravitación de China en América Latina, al tiempo que consolida oportunidades
para su industria automotriz, química y de servicios.
En términos estructurales, el acuerdo se sintetiza en un conjunto de promesas y desafíos:
mayor inserción internacional, reducción de aranceles, integración birregional, atracción de
capitales externos y una potencial mejora en la competitividad de los países del
MERCOSUR. Sin embargo, la contracara de estos beneficios radica en la amenaza para los
sectores menos dinámicos, los cuales se ven obligados a desarrollar nuevas capacidades
estratégicas para sostener su supervivencia en un escenario de competencia global
intensificada.
La clave residirá en la capacidad de los Estados parte de articular políticas públicas que,
además de garantizar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad productiva, logren
optimizar las ventajas comparativas dinámicas del bloque. De lo contrario, el acuerdo corre
el riesgo de recaer en una vulnerabilidad estructural más que en un motor de desarrollo
inclusivo y competitivo.
